Por Cesar Zaldivar-Motts
Estos no son días bipartidistas. Nunca antes los demócratas y los republicanos habían estado tan en desacuerdo, tan en conflicto.
Pero California está viendo una excepción. El proyecto de ley de Internet para Todos Ahora, un proyecto bipartidista que cerrará la brecha digital en California, está abriéndose paso a través de la legislatura, gracias en gran parte a los funcionarios electos latinos, específicamente a los miembros de la Asamblea Miguel Santiago, Eduardo Gonzales, Cecilia Aguiar-Curry, Eloise Gómez Reyes y Blanca Rubio.
La razón por la que el proyecto de ley llamado Internet Para Todos Ahora (AB 1665) ha sido respaldado y en co-autoría bipartidista de un total de 22 demócratas y republicanos es que tiene sentido en el aspecto económico. Este extiende un programa ya existente de la Comisión de Suministros Públicos de California, que ha financiado – a través de una cuota de un centavo por mes en la factura de teléfono – 58 proyectos de infraestructura de Internet de alta velocidad que han conectado cientos de comunidades a la economía digital.
Usted se preguntará: ¿Por qué es esto necesario? La razón es que California, y especialmente la comunidad latina de California, tiene una brecha inaceptablemente grande entre los que tienen Internet de alta velocidad en sus hogares y los que no. Una encuesta de agosto del 2016 revela que el 31% de los latinos de habla hispana no tienen Internet de alta velocidad y un dispositivo informático en su casa y que el 57% de los californianos de bajos ingresos están sólo conectados con teléfonos inteligentes o no están conectados. Además, la Comisión de Suministros Públicos de California emitió un informe en abril del 2017 que documenta que el 43% de los hogares rurales no pueden obtener banda ancha confiable.
Lo que esto significa es que casi 12 millones de californianos están excluidos de la economía digital. No pueden aplicar adecuadamente para trabajos, hacer tareas, u obtener servicios públicos en línea. El Centro de Investigación de Internet Pew recientemente reveló que los estadounidenses de bajos ingresos siguen relegados en la adopción de la tecnología; el resultado, según Pew, es que una brecha tecnológica entre ricos y pobres está ampliando la desigualdad de ingresos.
Estos datos negativos fueron una gran motivación para los asambleístas Miguel Santiago, Eduardo González, Cecilia Aguiar-Curry, Eloise Gómez Reyes y Blanca Rubio para la co-autoría de AB 1665. Ellos saben que los individuos y negocios que no tienen Internet de alta velocidad están socioeconómicamente en desventaja y los que tienen conexiones rápidas pueden competir en escuelas y por empleos, clientes y contratos.
Cesar Zaldivar-Motts es director ejecutivo de la Corporación de Desarrollo Comunitario del Sureste (Southeast Community Development Corporation) en Los Ángeles.
These are not bipartisan days. Never before have Democrats and Republicans been so disagreeing, so conflicted.
But California is seeing an exception. The Internet for Everyone Now bill, a bipartisan project that will close the digital divide in California, is making its way through the legislature, thanks in large part to Latino elected officials, specifically members of the Miguel Santiago Assembly, Eduardo Gonzales, Cecilia Aguiar-Curry, Eloise Gómez Reyes and Blanca Rubio.
The reason the bill called the Internet For All Now (AB 1665) has been endorsed and in bipartisan co-authorship of a total of 22 Democrats and Republicans is that it makes economic sense. It extends an existing California Public Utilities Commission program, which has funded – through a penny a month fee on the telephone bill – 58 high-speed Internet infrastructure projects that have connected hundreds of communities To the digital economy.
You will wonder: Why is this necessary? The reason is that California, and especially the Latino community in California, has an unacceptably large gap between those with high-speed Internet in their homes and those who do not. A survey of August 2016 reveals that 31% of Spanish-speaking Latinos do not have high-speed Internet and a home computing device and that 57% of low-income Californians are only connected to smartphones or are not Connected. In addition, the California Public Utilities Commission issued a report in April 2017 documenting that 43% of rural households can not afford reliable broadband.
What this means is that almost 12 million Californians are excluded from the digital economy. They can not properly apply for jobs, do homework, or get public services online. The Pew Internet Research Center recently revealed that low-income Americans are still relegated to adopting technology; The result, according to Pew, is that a technological gap between rich and poor is widening income inequality.
These negative data were a great motivation for the assembly members Miguel Santiago, Eduardo Gonzalez, Cecilia Aguiar-Curry, Eloise Gómez Reyes and Blanca Rubio for the co-authorship of AB 1665. They know that individuals and businesses that do not have high-speed Internet Are socioeconomically disadvantaged and those with fast connections can compete in schools and by jobs, clients and contracts.
Cesar Zaldivar-Motts is executive director of the Southeast Community Development Corporation in Los Angeles.